La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que preside Juan Castro, manifestó su preocupación por el incremento de los costos de las ART. Estos incrementos se suman a otros costos ocultos, que Cadam aseguró que “afectan la competitividad y la generación de empleo formal”.
La tasa de informalidad en Argentina alcanzó el 43,2% durante el segundo trimestre de 2025 (abril-junio). Esto equivale a 4 de cada 10 trabajadores, como indicó el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet.
Los jóvenes son los más afectados
Tal como indicó este relevamiento, se estima que más del 65% de los jóvenes trabajan de manera informal. Desde el sector empresario atribuyen el problema al aumento del costo laboral. En ese sentido, uno de los principales reclamos fue el incremento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Este aumento, de acuerdo a la preocupación de los autoservicios mayoristas, se vincula con la eliminación de los topes tarifarios por parte del gobierno nacional.
A través de la resolución 18/2025 de la Superintendencia de Seguros, en enero de este año se derogaron los pisos y techos que regulaban las tarifas. Estas se calculaban como un porcentaje de las nóminas salariales. Como consecuencia de esta derogación, se vinieron aumentos directos en el costo de las ART.
Los costos ocultos
Al incremento desmedido de las ART se suman los denominados costos ocultos. Estos implican aportes obligatorios, solidarios y contribuciones adicionales que los empleadores deben afrontar, más allá de los aumentos salariales. Entre los casos más significativos en el sector Comercio, el convenio más grande del país, con 1,2 millones de trabajadores, se destacan tres.
La Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social Osecac vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021. “Se hizo en el contexto de la pandemia pero que, insólitamente, se sigue cobrando hasta hoy por cada empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social”.
Otro es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (Inacap). El empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. “Un fondo millonario que Inacap declaró ante la Justicia les permite recaudar más de $ 30.000 millones al año. Beneficia a ciertas cámaras empresarias, bajo el argumento de financiar actividades de capacitación o fortalecimiento institucional”.
Y además está el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella. Este representa el 1,6% del salario sin posibilidad de elección de otro seguro por parte del trabajador ni del empleador. El 50% del aporte se destina a una cuenta individual a nombre del trabajador y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema solidario de retiro.
El caso de La Estrella
Desde el año 1993 se debe pagar a esta aseguradora por cada empleado de comercio. Pero para que un trabajador logre acceder al beneficio debe tener aportados al menos 20 años a dicho seguro.
“Muchos trabajadores se pasan a otro rubro y nunca llegan a obtener el beneficio. Mientras que los que piden el rescate de fondos, porque fueron despedidos, sólo reciben el 50% de lo depositado. Porque la otra mitad queda solidariamente para el sistema”. El ajuste de capitalización de esos fondos también generó polémica, porque depende de la inversión que haga La Estrella.
El aumento del costo argentino
Estas erogaciones, que se suman a cargas sociales y otros compromisos patronales, incrementan considerablemente el costo laboral argentino. Así reducen márgenes de inversión y desalientan la contratación de nuevos trabajadores.
Es por eso que en su preocupación, los autoservicios mayoristas advirtieron que esta situación limita la capacidad del sector privado de generar empleo formal, motor indispensable para el crecimiento económico del país.
“Todos estos costos ocultos elevan de forma injustificada la carga laboral, repercutiendo en el aumento de precios al consumidor. Si bien son aportes que hace el empleador, es dinero que debería ir a los trabajadores, es como quitarle un sueldo anual a los empleados”.
“El trabajador es quien debería decidir qué hace con su dinero, fruto de su esfuerzo. “No aceptamos ni convalidamos la continuidad de estas obligaciones que afectan gravemente la competitividad del sector comercial”, remarcó la Cadam.
Así consideró que las autoridades deberían adoptar “medidas urgentes para eliminarlos o tornarlos voluntarios. Evitando así que las empresas sigan soportando cargas que no benefician a los trabajadores ni a la economía en su conjunto. Porque hay que aportarlos igual aunque el empleado, por ejemplo, no tenga Osecac como obra social, no se capaciten o no lleguen a cumplir los años de aportes para acceder al beneficio del seguro de retiro”.
